El diputado nacional Julio Martínez denunció que en el norte del país falta la garrafa social, “el problema se observa cuando comienza el invierno, pero este año ya en marzo hay escasez, y es muy difícil conseguirla al precio que fija la Secretaría de Energía: $ 16 para las garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) de 10 kilos, $ 20 para las de 12 kilos y $ 25 para las de 15 kilos de capacidad”.
“No conocemos con exactitud cuánto destina el gobierno para que la garrafa de 10 kilos llegue al consumidor a los precios indicados, pero esos valores sólo existen en la resolución oficial, ya que los usuarios pagan las garrafas a valores que en algunos casos duplican, triplican y hasta cuadruplican los precios estipulados que además sólo se cumplen cuando la garrafa se retira del mostrador”, afirmó.
“Caso contrario, una garrafa de 10 kg, por ejemplo, se vende a $ 42, sobreprecio que se intenta justificar como el flete, este valor extra del traslado a domicilio sufre variaciones de acuerdo a la empresa distribuidora de que se trate, dado que este servicio adicional no fue regulado y por ende tampoco es controlado por ninguna entidad”, añadió Martínez.
Advirtió que “ese sobreprecio genera problemas adicionales provocados por el hecho de los frecuentes accidentes producidos por caídas de ciclistas y motociclistas que intentan llevar las garrafas – cargadas -en vehículos de por sí no aptos para dicho traslado”. Agregó que “en este contexto, resulta un absurdo que, por un lado, el gobierno subsidie el precio de la garrafa, y por otro, le cobre el 10,5 % del IVA en un producto destinado a los sectores sociales más vulnerables, por eso pedimos su urgente eliminación”.
“Queda claro que mientras el gobierno nacional no controle la comercialización de la ‘garrafa social’ ni garantice el acceso a los consumidores que verdaderamente la necesitan, el subsidio otorgado constituye un despilfarro que acentúa las inequidades existentes y favorecen objetivamente a los sectores medios y altos de la ciudad de Buenos Aires y su conurbano”, concluyó Martínez.
“No conocemos con exactitud cuánto destina el gobierno para que la garrafa de 10 kilos llegue al consumidor a los precios indicados, pero esos valores sólo existen en la resolución oficial, ya que los usuarios pagan las garrafas a valores que en algunos casos duplican, triplican y hasta cuadruplican los precios estipulados que además sólo se cumplen cuando la garrafa se retira del mostrador”, afirmó.
“Caso contrario, una garrafa de 10 kg, por ejemplo, se vende a $ 42, sobreprecio que se intenta justificar como el flete, este valor extra del traslado a domicilio sufre variaciones de acuerdo a la empresa distribuidora de que se trate, dado que este servicio adicional no fue regulado y por ende tampoco es controlado por ninguna entidad”, añadió Martínez.
Advirtió que “ese sobreprecio genera problemas adicionales provocados por el hecho de los frecuentes accidentes producidos por caídas de ciclistas y motociclistas que intentan llevar las garrafas – cargadas -en vehículos de por sí no aptos para dicho traslado”. Agregó que “en este contexto, resulta un absurdo que, por un lado, el gobierno subsidie el precio de la garrafa, y por otro, le cobre el 10,5 % del IVA en un producto destinado a los sectores sociales más vulnerables, por eso pedimos su urgente eliminación”.
“Queda claro que mientras el gobierno nacional no controle la comercialización de la ‘garrafa social’ ni garantice el acceso a los consumidores que verdaderamente la necesitan, el subsidio otorgado constituye un despilfarro que acentúa las inequidades existentes y favorecen objetivamente a los sectores medios y altos de la ciudad de Buenos Aires y su conurbano”, concluyó Martínez.
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