Pasado comprometedor
Fraude al Estado y facturas truchas. Entre 2006 y 2009, Jorge “El Negro” Yoma se desempeñó como embajador argentino en México. A su regreso, se jactaba de haber aumentado el intercambio comercial entre ambos países. Pero nada decía del manejo irregular de fondos en la embajada durante su estancia, que le costó millones de pesos al Estado nacional.
Distintos sumarios administrativos –como los 314 y 78 del año 2010– daban cuenta de las graves irregularidades cometidas en la embajada durante la gestión de Yoma. Ante estos hallazgos, la Cancillería finalmente, con todos los elementos de prueba en sus manos, presentó una denuncia el 24 de junio de 2013 por supuesta “malversación de fondos públicos” y “fraude en perjuicio de la administración pública”. Los sumarios en cuestión tuvieron su origen en las reiteradas insuficiencias de partidas en la sede de la embajada –es decir, falta de fondos– y las intimaciones de deudas recibidas en la representación por gastos producidos por la administración Yoma.
Para pasar en limpio, los hechos investigados se concentraron en dos tipos de maniobras. La primera tiene que ver con la realización de refacciones en la residencia oficial que Jorge Yoma consideraba “urgentes”, pero que en realidad eran mejoras suntuarias. Un ejemplo: la instalación de un jacuzzi. Esas obras no fueron autorizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Peor aún, de la investigación surge que la auditoría encontró sobreprecios en la contratación de los trabajos y la presentación de facturas presumiblemente apócrifas, de acuerdo al organismo fiscal mexicano, en las rendiciones de gastos firmadas por el embajador.
La segunda maniobra que revelaron los sumarios administrativos, está relacionada con la realización de gastos personales –clasificados como “gastos de representación”–, sin disponer de partidas para ello. Yoma no encontró mejor forma de cubrir estos gastos que desviando fondos que le llegaban para el pago de los aportes y retenciones laborales de los empleados de la embajada, así como los alquileres. De esa manera financiaba sus gastos personales.
Obviamente, la Cancillería tuvo que terminar pagando las deudas generadas por Yoma por estos conceptos. La Sigen –Sindicatura General de la Nación– determinó que las irregularidades cometidas habrían ocasionado al erario público un perjuicio económico de 4.296.167,43 pesos.
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas tomó en su momento intervención como parte acusadora en el sumario 78/2010, consultando en distintas oportunidades el avance de la investigación y si se había realizado, por parte de la Cancillería, la denuncia penal pertinente tal lo manifestado por la Unidad de Auditoría Interna.
La causa –número 5967/13– ha sido caratulada judicialmente como “N.N. s/Malversación de caudales públicos” y quedó radicada en el Juzgado Nacional y Correccional Federal Nº 11, a cargo del juez Claudio Bonadío. Pero el expediente se mantiene “dormido” pese a las sobradas pruebas. Las demoras son similares a las que el juez mantuvo en otra causa relacionada al Grupo Yoma, en la que fue citado por el Consejo de la Magistratura. Finalmente la familia de hoy denunciado fue absuelta (ver recuadro). Resulta extraño que el juzgado aún no haya llamado a ratificar la denuncia a los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
García, el colaborador. En los sumarios elevados a Cancillería aparece, junto al de Jorge Yoma, otro nombre a la hora de repartir responsabilidades por los manejos irregulares de fondos. Este es el de Gustavo García, su colaborador íntimo.
Porteño, de 50 años, Gustavo García es el más estrecho colaborador de Yoma. Lo tuvo como empleado en el Senado y luego lo llevó a México, donde lo hizo nombrar como secretario privado en la embajada. De regreso, fue su asistente en la campaña electoral en La Rioja. Se lo veía en los distintos actos de campaña recolectando las notas con los pedidos que los vecinos querían entregarle al candidato a diputado.
Según la documentación a la que accedió esta revista, en los informes que se elevaron a la Justicia la responsabilidad en las irregularidades caen en primera instancia en Yoma, entonces embajador, y en segundo término en García. “El equipo de administración era dirigido por el secretario privado de Yoma, Gustavo García”, señala textualmente el informe del instructor. “Llegamos entonces a resolver el interrogante planteado en este informe acerca de los responsables de las irregularidades investigadas”, asegura el informe. Estos dos son Jorge Yoma y Gustavo García.
En la declaración tomada al consejero en la embajada, Nicolás Vidal, el sumario detalla que el propio Yoma “envió un cable para poner en conocimiento que García intervenía en el manejo de las cuentas”. Al fin y al cabo, el hombre de máxima confianza del embajador.
Vocero desestabilizador. La andanada de frases destituyentes de Jorge Yoma no puede separarse de la causa por malversación de fondos y facturas truchas que lleva sobre sus espaldas. Puede que apueste a que con la llegada de sus amigos al poder la causa judicial en su contra siga “durmiendo” en el despacho de un magistrado.
Hacete amigo del juez...
Claudio Bonadío, el magistrado que tiene en su despacho la causa contra Jorge Yoma, ya manejó otra denuncia contra el grupo familiar del denunciado. Bonadío sobreseyó a los integrantes del Grupo Yoma S.A. en 2004, por presunto fraude contra la administración pública en una causa por irregularidades en la obtención y reintegro de diversos créditos por montos multimillonarios en la banca oficial durante el gobierno de Carlos Menem. Por este sobreseimiento fue investigado por el Consejo de la Magistratura.
Juez de fuerte repercusión mediática, en los años ’70 militó en la organización de derecha peronista Guardia de Hierro y con la llegada del menemismo Carlos Corach lo hizo ingresar en la Justicia Federal. Su nombre fue uno de los mencionados en diversas notas periodísticas como uno de los que habrían aparecido en la “servilleta de Corach” en los años ’90. Cuenta con más de sesenta causas presentadas en su contra en el Consejo de la Magistratura, algunas de las cuales están en curso.
En 2001 fue protagonista de un hecho policial, cuando en la localidad de Villa Martelli se enfrentó a un grupo que intentó asaltarlo y mató a tiros a dos de los ladrones. Bonadío es conocido como coleccionista y aficionado a las armas de fuego.
Entre sus últimas medidas polémicas aparece el procesamiento del ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, en el inicio de la campaña electoral del 2013, al mimo tiempo que Sergio Massa –uno candidato del agrado del juez– hacía de la figura del funcionario uno de sus principales lugares comunes de crítica al gobierno nacional.
Con el trágico incendio de Barracas, su nombre volvió a aparecer en público. Bonadío fue quien abrió una causa contra el jefe de bomberos de la Policía Federal, Leonardo Day, por “no haber cumplido adecuadamente su función” en la búsqueda de Lucas Mberos de la Policía Federal, Leonardo Day, por “no haber cumplido adecuadamente su función” en la búsqueda de Lucas Menghini Rey, una de las víctimas de la tragedia de Once. Pero luego se conoció que el fue el propio magistrado quien posteriormente a la tragedia ordeenghini Rey, una de las víctimas de la tragedia de Once. Pero luego se conoció que el fue el propio magistrado quien posteriormente a la tragedia ordenó no buscar más al joven. Por eso la Cámara Federal lo apartó de de las víctimas de la tragedia de Once. Pero luego se conoció que el fue el propio magistrado quien posteriormente a la tragedia ordenó no buscar más al joven. Por eso la Cámara Federal lo apartó de la investigación.
Leonardo Day fue uno de los bomberos héroes que perdieron la vida en el trágico incendio de la planta de Iron Mountain en Barracas.
Fraude al Estado y facturas truchas. Entre 2006 y 2009, Jorge “El Negro” Yoma se desempeñó como embajador argentino en México. A su regreso, se jactaba de haber aumentado el intercambio comercial entre ambos países. Pero nada decía del manejo irregular de fondos en la embajada durante su estancia, que le costó millones de pesos al Estado nacional.
Distintos sumarios administrativos –como los 314 y 78 del año 2010– daban cuenta de las graves irregularidades cometidas en la embajada durante la gestión de Yoma. Ante estos hallazgos, la Cancillería finalmente, con todos los elementos de prueba en sus manos, presentó una denuncia el 24 de junio de 2013 por supuesta “malversación de fondos públicos” y “fraude en perjuicio de la administración pública”. Los sumarios en cuestión tuvieron su origen en las reiteradas insuficiencias de partidas en la sede de la embajada –es decir, falta de fondos– y las intimaciones de deudas recibidas en la representación por gastos producidos por la administración Yoma.
Para pasar en limpio, los hechos investigados se concentraron en dos tipos de maniobras. La primera tiene que ver con la realización de refacciones en la residencia oficial que Jorge Yoma consideraba “urgentes”, pero que en realidad eran mejoras suntuarias. Un ejemplo: la instalación de un jacuzzi. Esas obras no fueron autorizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Peor aún, de la investigación surge que la auditoría encontró sobreprecios en la contratación de los trabajos y la presentación de facturas presumiblemente apócrifas, de acuerdo al organismo fiscal mexicano, en las rendiciones de gastos firmadas por el embajador.
La segunda maniobra que revelaron los sumarios administrativos, está relacionada con la realización de gastos personales –clasificados como “gastos de representación”–, sin disponer de partidas para ello. Yoma no encontró mejor forma de cubrir estos gastos que desviando fondos que le llegaban para el pago de los aportes y retenciones laborales de los empleados de la embajada, así como los alquileres. De esa manera financiaba sus gastos personales.
Obviamente, la Cancillería tuvo que terminar pagando las deudas generadas por Yoma por estos conceptos. La Sigen –Sindicatura General de la Nación– determinó que las irregularidades cometidas habrían ocasionado al erario público un perjuicio económico de 4.296.167,43 pesos.
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas tomó en su momento intervención como parte acusadora en el sumario 78/2010, consultando en distintas oportunidades el avance de la investigación y si se había realizado, por parte de la Cancillería, la denuncia penal pertinente tal lo manifestado por la Unidad de Auditoría Interna.
La causa –número 5967/13– ha sido caratulada judicialmente como “N.N. s/Malversación de caudales públicos” y quedó radicada en el Juzgado Nacional y Correccional Federal Nº 11, a cargo del juez Claudio Bonadío. Pero el expediente se mantiene “dormido” pese a las sobradas pruebas. Las demoras son similares a las que el juez mantuvo en otra causa relacionada al Grupo Yoma, en la que fue citado por el Consejo de la Magistratura. Finalmente la familia de hoy denunciado fue absuelta (ver recuadro). Resulta extraño que el juzgado aún no haya llamado a ratificar la denuncia a los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
García, el colaborador. En los sumarios elevados a Cancillería aparece, junto al de Jorge Yoma, otro nombre a la hora de repartir responsabilidades por los manejos irregulares de fondos. Este es el de Gustavo García, su colaborador íntimo.
Porteño, de 50 años, Gustavo García es el más estrecho colaborador de Yoma. Lo tuvo como empleado en el Senado y luego lo llevó a México, donde lo hizo nombrar como secretario privado en la embajada. De regreso, fue su asistente en la campaña electoral en La Rioja. Se lo veía en los distintos actos de campaña recolectando las notas con los pedidos que los vecinos querían entregarle al candidato a diputado.
Según la documentación a la que accedió esta revista, en los informes que se elevaron a la Justicia la responsabilidad en las irregularidades caen en primera instancia en Yoma, entonces embajador, y en segundo término en García. “El equipo de administración era dirigido por el secretario privado de Yoma, Gustavo García”, señala textualmente el informe del instructor. “Llegamos entonces a resolver el interrogante planteado en este informe acerca de los responsables de las irregularidades investigadas”, asegura el informe. Estos dos son Jorge Yoma y Gustavo García.
En la declaración tomada al consejero en la embajada, Nicolás Vidal, el sumario detalla que el propio Yoma “envió un cable para poner en conocimiento que García intervenía en el manejo de las cuentas”. Al fin y al cabo, el hombre de máxima confianza del embajador.
Vocero desestabilizador. La andanada de frases destituyentes de Jorge Yoma no puede separarse de la causa por malversación de fondos y facturas truchas que lleva sobre sus espaldas. Puede que apueste a que con la llegada de sus amigos al poder la causa judicial en su contra siga “durmiendo” en el despacho de un magistrado.
Hacete amigo del juez...
Claudio Bonadío, el magistrado que tiene en su despacho la causa contra Jorge Yoma, ya manejó otra denuncia contra el grupo familiar del denunciado. Bonadío sobreseyó a los integrantes del Grupo Yoma S.A. en 2004, por presunto fraude contra la administración pública en una causa por irregularidades en la obtención y reintegro de diversos créditos por montos multimillonarios en la banca oficial durante el gobierno de Carlos Menem. Por este sobreseimiento fue investigado por el Consejo de la Magistratura.
Juez de fuerte repercusión mediática, en los años ’70 militó en la organización de derecha peronista Guardia de Hierro y con la llegada del menemismo Carlos Corach lo hizo ingresar en la Justicia Federal. Su nombre fue uno de los mencionados en diversas notas periodísticas como uno de los que habrían aparecido en la “servilleta de Corach” en los años ’90. Cuenta con más de sesenta causas presentadas en su contra en el Consejo de la Magistratura, algunas de las cuales están en curso.
En 2001 fue protagonista de un hecho policial, cuando en la localidad de Villa Martelli se enfrentó a un grupo que intentó asaltarlo y mató a tiros a dos de los ladrones. Bonadío es conocido como coleccionista y aficionado a las armas de fuego.
Entre sus últimas medidas polémicas aparece el procesamiento del ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, en el inicio de la campaña electoral del 2013, al mimo tiempo que Sergio Massa –uno candidato del agrado del juez– hacía de la figura del funcionario uno de sus principales lugares comunes de crítica al gobierno nacional.
Con el trágico incendio de Barracas, su nombre volvió a aparecer en público. Bonadío fue quien abrió una causa contra el jefe de bomberos de la Policía Federal, Leonardo Day, por “no haber cumplido adecuadamente su función” en la búsqueda de Lucas Mberos de la Policía Federal, Leonardo Day, por “no haber cumplido adecuadamente su función” en la búsqueda de Lucas Menghini Rey, una de las víctimas de la tragedia de Once. Pero luego se conoció que el fue el propio magistrado quien posteriormente a la tragedia ordeenghini Rey, una de las víctimas de la tragedia de Once. Pero luego se conoció que el fue el propio magistrado quien posteriormente a la tragedia ordenó no buscar más al joven. Por eso la Cámara Federal lo apartó de de las víctimas de la tragedia de Once. Pero luego se conoció que el fue el propio magistrado quien posteriormente a la tragedia ordenó no buscar más al joven. Por eso la Cámara Federal lo apartó de la investigación.
Leonardo Day fue uno de los bomberos héroes que perdieron la vida en el trágico incendio de la planta de Iron Mountain en Barracas.
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