martes, 1 de enero de 2013

Menem lo vendió por 30 millones de dólares, cuando valía 131 millones


SOCIEDAD RURAL




La jueza civil y comercial federal Silvina Bracamonte rechazó un pedido de la Sociedad Rural Argentina que buscaba frenar la vuelta del predio ferial de Palermo al Estado, dispuesta por el Gobierno la semana pasada. Carlos Menem vendió el predio estatal a la SRA en 30 millones de dólares (en cuotas), una propiedad valuada en 131 millones por la Corte Suprema.
Fuentes judiciales dijeron que el rechazo de la jueza ya fue apelado por la SRA ante la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, cuyo presidente, Ricardo Guarinoni, forma parte también del tribunal que tiene en estudio el fallo del juez Horacio Alfonso que declaró la constitucionalidad de todos los artículos de la Ley de Medios.

En su rechazo, la magistrada consideró improcedente el pedido hasta tanto no se resuelva la denuncia planteada por la entidad agropecuaria en contra del decreto presidencial 2552.

La Rural reclamó la cautelar un día después de que el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, anunciara el decreto declarando la “nulidad insanable” de la venta realizada en 1991 y el regreso del predio de 14 hectáreas al Estado.

El predio del barrio de Palermo históricamente perteneció al Estado nacional, que se lo cedía en alquiler a la Sociedad Rural para realizar la tradicional muestra anual ganadera.

Durante el gobierno del ex presidente Carlos Menem se vendió por decreto a 30 millones de dólares en cuotas, pero una pericia de tasadores de la Corte Suprema de Justicia estableció que el valor de mercado era de 131.800.000 millones de dólares.

Tras establecer el “precio vil” de la operación, el juez federal Sergio Torres procesó en 2010 por el delito de “peculado”, entre otros, al ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, y al ex presidente de la Sociedad Rural, Eduardo de Zavalía, principales responsables del traspaso del predio.

El ex presidente Menem fue beneficiado por una resolución de prescripción dictada por la Cámara Federal de Casación Penal, pero fue apelada y la causa penal –diferente de la patrimonial abierta ahora por la Rural- se encuentra a resolución de la Corte Suprema con dictamen de la Procuración favorable a la reapertura de la causa.

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